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Morala propone ayudas a la hostelería que el equipo de gobierno aprobó hace más de dos meses

Ponferrada, 23 de diciembre de 2021.- El PSOE de Ponferrada considera que una vez más el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, no se entera o actúa de forma malintencionada cuando solicita “prorrogar toda ayuda a la hostelería, económica y también la ocupación de las terrazas exteriores”.

No se entera porque esta medida ya se aprobó en el Pleno del pasado día 8 de octubre, por cierto, con su voto a favor. Probablemente no se enteró de lo que votaba porque andaba muy ocupado publicando en las redes sociales mensajes masajeadores de su gran amigo Mañueco, ése que, como dice él, ha hecho tanto por esta tierra y que como siga haciéndolo va a acabar con ella.

El Pleno del pasado 8 de octubre en el punto 5 del orden del día aprobó “LA MODIFICACIÓN DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR TERRAZAS, MESAS Y SILLAS (VELADORES) CON FINALIDAD LUCRATIVA”.

En esa modificación se establece una reducción de la tasa del 50%, sin perjuicio de retrasar la suspensión actual del 90% hasta que se considere recuperado el sector.

Además, también se aprobó una disposición transitoria que dice textualmente: “Con objeto de contribuir a la recuperación del sector de hostelería, que ha sido tan duramente perjudicado por la crisis sanitaria causada por la Covid 19, para el año 2022 se reducen transitoriamente las tarifas señaladas en el artículo 7º de la Ordenanza Fiscal a un 20% de su importe”.

De modo que el señor portavoz del PP, Marco Morala, no sólo no se entera de lo que vota, sino que su propuesta llega más de dos meses tarde. Él quiere convertirse en el inquilino de la Alcaldía y se ha quedado simplemente en el Tranquilino de la política local.

Morala también justifica su petición “Ante la posibilidad de nuevas restricciones que dificulten, e incluso impidan el uso normal de los interiores de los locales y las barras”, lo que es gravísimo, toda vez que la Junta de Castilla y León, que es la administración competente para dictar esas restricciones, se ha pronunciado en sentido contrario. Si su amigo Mañueco le ha dicho algo en tal sentido no debiera ocultárselo a esos hosteleros a los que tanto dice defender, salvo que esté obrando con mala fe, que tampoco sería descartable, dada la deriva de deslealtad institucional con la que se comporta.

En cualquier caso, al menos reconoce, se ve que de forma involuntaria, que la medida de bonificaciones, exenciones y prórrogas de los permisos concedidos para terrazas y veladores “ha ayudado a conciliar una mínima actividad hostelera con la adopción de medidas de protección social y distanciamiento entre personas en el exterior”. Si ello es así, ¿entonces por qué lo criticó tanto en su momento?, que cada ponferradina y cada ponferradino juzgue por sí mismo.

El compromiso del equipo de gobierno del socialista Olegario Ramón con el sector de la hostelería está fuera de toda duda desde el inicio del mandato y especialmente desde que la pandemia de Covid 19 se cebó con toda la sociedad y muy especialmente con este sector, que ha sido uno de los que más se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar y aplicar el plan de reactivación aprobado en su momento, eso sí con Marco Morala y sus acólitos del PP mirando para otro lado.

Intervención del Grupo Municipal Socialista de Ponferrada en el Día de la Constitución

Discurso a cargo de la portavoz Mabel Fernández en el acto institucional.

Hoy es un día festivo para toda la ciudadanía española, pues celebramos el aniversario de nuestra Carta Magna, un texto que fue el punto de partida de la democracia española, y también fue el resultado integrador de un consenso muy difícil de alcanzar en aquel momento histórico.

Es un texto en el que no se materializaron las aspiraciones máximas de una y otra fuerza política, pero que proporcionó a España un marco jurídico y democrático suficientemente plural, flexible y abierto, capaz de crear entre los españoles un espacio de convivencia como no había conocido nunca nuestra torturada historia.

Una Constitución que cumple años y, como en cada aniversario, lo hace entre sus muchas luces -que las tiene, pues nos ha dado uno de los periodos más largos de democracia, estabilidad y progreso de nuestra historia- y algunas sombras. También, como cada año, entre algunas polémicas concretas. Una de las más repetidas es la necesidad de una reforma.

Si tenemos que analizar la Constitución Española, quizás deberíamos empezar este año recordando que existen artículos cuya interpretación es más controvertida.

Integración: Artículo 49 de la Constitución Española: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Ya está aprobado el proyecto de reforma del artículo 49, siendo la primera vez que se cambia la Constitución para mejorar los derechos sociales. Se sustituye la palabra ‘disminuidos’ por ‘discapacitados’. De este modo se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales. A partir de ahora España está más alineada con el discurso de derechos humanos, y se repara una anomalía jurídica, social y moral con las personas con discapacidad, porque el reconocimiento efectivo de los derechos humanos es la meta.

Libertad de expresión: Dice el artículo 20 que “se reconocen y protegen los derechos” a la libertad de expresión o a la creación literaria y artística, entre otros. Pero dicen los informes de diversas entidades independientes e instituciones internacionales –desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información hasta un grupo de relatores de la ONU– que esos derechos y libertades están en retroceso y en peligro en España por normativas como la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (la llamada ley mordaza). Debemos confiar en que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales.

Memoria Histórica: Reconoce el artículo 10 que, Artículo 10. Derechos de la persona. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Conocer la trayectoria de nuestra democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad. La Constitución española es aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso y del Senado, el día 31 de octubre de 1978. Es ese día el que se declara como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas.

Para finalizar, y pensando en el futuro, no estaría nada mal que fuésemos capaces de reinventarnos. Es necesario abrir un proceso que incluya metas y que incorpore a la sociedad civil, ya que de no hacerlo nada contribuirá a aliviar el miedo de todas aquellas personas que sufren a causa del desempleo y la pobreza. Tenemos derecho a un medioambiente saludable, aunque para ello haga falta un cambio de modelo productivo, una transición justa, un cambio de paradigma, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad, que deben ser los ejes prioritarios del estado de bienestar que merece la ciudadanía.