El Ayuntamiento de Ponferrada ha vivido hoy un episodio vergonzoso tras constatar en la reunión de la Comisión de Urbanismo cómo los concejales del PP, de USE, de Cs y el no adscrito se aliaban para intentar frenar el último trámite para la disolución total de la empresa Pongesur, el principal instrumento de la opacidad en la gestión urbanística y de la instrumentalización del patrimonio público para fines privados que sufrió Ponferrada a manos del PP desde el comienzo del siglo XXI.

La Comisión informó favorablemente la aceptación por parte del Ayuntamiento de los activos de Pongesur, lo que determinará que, si el Pleno municipal aprueba dicha cesión, Ponferrada habrá pasado una de las páginas más negras de su historia reciente y que ha sido la causante de muchos de los desequilibrios territoriales y problemas urbanísticos que actualmente sufren las ponferradinas y los ponferradinos.

La disolución de Pongesur es obligada por la ley, pues sus reiterados balances negativos, unidos a la no elaboración de un plan económico de viabilidad ni por parte de Pongesur ni por parte del Ayuntamiento han determinado su disolución automática desde el 1 de diciembre de 2015. Esta disolución legal no exime al Ayuntamiento de Ponferrada de la obligación legal de aprobar formalmente la extinción jurídica de la empresa y de proceder a la inscripción de dicha disolución en el Registro Mercantil.

Por tal motivo llama tanto la atención que personajes que antaño se pronunciaron reiteradamente en favor de la disolución de este instrumento de corrupción se opongan ahora bajo el pretexto de que ello le va a costar dinero al Ayuntamiento en forma del pago del IVA de la operación. Da igual que se les explique que eso es falso, que no va a tener coste alguno para las arcas municipales, pero es que aunque así fuera, ello no exime al Ayuntamiento de su obligación legal: lo que defienden estos concejales del PP, de Cs, de USE y no adscrito es algo así como dejar de presentar la declaración de la Renta porque sale a pagar.

Aún recordamos cuando el autotitulado socialista Samuel Folgueral anunció a bombo y platillo por varias veces la disolución de Pongesur: primero en 2011, cuando estando en la oposición aseguró haber llegado a un acuerdo con el entonces alcalde del PP Carlos López Riesco. Después, ya bajo su mandato, en abril de 2013 cuando excluyó de los órganos directivos de Pongesur a los concejales del PP, con la justificación de que no hacía falta que estuvieran, ya que Pongesur iba a disolverse de forma inminente. Esa exclusión de los concejales del PP se llevó a cabo con el apoyo de la formación del propio fundador de Pongesur, Ismael Álvarez, y, como se ha evidenciado, no fue más que un engaño para mantener vivo este símbolo de la corrupción de Ponferrada.

Del PP ya se sabe lo que se puede esperar cuando se habla de corrupción y de sus adláteres de Ciudadanos, lo mismo, tal y como nos ha demostrado este partido engendro en su coalición con el PP en Castilla y León.

El equipo de Gobierno que preside Olegario Ramón ha venido a poner fin a todo este tipo de instrumentos y prácticas alejadas de la transparencia para ofrecer un mejor y más eficaz servicio a los ciudadanos. Otros, que antes levantaron esa misma bandera se han quitado la máscara o el capirote. Las ponferradinas y los ponferradinos agradecerán ese gesto de sinceridad.