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Rueda de prensa telemática de Olegario Ramón, alcalde de Ponferrada

Olegario Ramón presenta un Plan de Reactivación Social y Económica de más de 2,2 millones de euros para Ponferrada

El alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón, ha presentado hoy en la primera rueda de prensa por videoconferencia celebrada en el Consistorio un amplio Plan de Protección Social y Reactivación Económica para el municipio ponferradino. Este plan será llevado a votación en los próximos días y el regidor espera obtener el respaldo unánime de todos los grupos políticos.

Descarga el Plan de Protección Social y Reactivación Económica

Vídeo de valoración de Olegario Ramón

Secretario general del Psoe Ponferrada (León)

El sector público, una vez más, al rescate

Carta del secretario general del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón

El confinamiento en mi habitación alcanza ya los veinte días. Ciertamente he podido verificar, para mi sorpresa, que se pueden hacer muchas cosas sin salir de unos pocos metros cuadrados, y también que la privación de libertad es un castigo generalizado en los sistemas penales de todo el mundo por algo. Ahora que la temida curva parece que empieza a estabilizarse, si bien todavía quedan unas semanas de lucha disciplinada frente al COVID 19 y varios meses para la vuelta a la normalidad, si alguna vez vuelve eso que denominamos normalidad, no es momento de ajustar cuentas con nadie pero sí me sorprende el cambio de opinión de los que habitualmente piensan que el mercado siempre consigue un equilibrio per se, sin necesidad de intervención alguna del Estado en los mecanismos intestinos de funcionamiento del mismo.

Ya en 2008 líderes mundiales rendidos al liberalismo más ortodoxo cambiaron su discurso e insistieron y actuaron en esa línea, en la necesidad de la intervención del Estado de manera activa y protagonista para salir de aquella situación de caos económico mundial. Superados los aprietos más acuciantes de aquella crisis, esos líderes volvieron a su pétreo liberalismo casi sin agradecer al Estado, a lo público, a lo común, el enorme esfuerzo realizado para salir de aquel atolladero.

La crisis sanitaria del COVID 19 nos ha puesto otra vez en una tesitura similar, salvando las distancias. El sistema sanitario público ha salido al rescate de todos nosotros con un sobreesfuerzo sin precedentes. Un sistema que, con carácter general, en los últimos años ha perdido músculo mientras se bendecían nuevas fórmulas de gestión sanitaria: fundaciones, sociedades mixtas o impulso directo de la sanidad privada, que sin duda debilitaron nuestra fortaleza sanitaria pública. La red de nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid o el Hospital de Burgos pueden ser ejemplos paladinos pero hay otros muchos por casi todo el territorio nacional.

Otro tanto se puede decir de nuestro sistema público de cobertura de necesidades sociales. Hasta hace nada se escatimaban fondos para financiar nuestro sistema de cobertura a las personas dependientes y ahora mismo, a consecuencia de los efectos de la pandemia, todos los sectores le piden al Estado y al resto de administraciones ayudas para salir de esta situación casi sin precedentes. Se vuelven a poner en valor los pilares públicos del Estado para hacer frente a una situación de necesidad generalizada. No pocas administraciones han pasado de practicarle al sector público una estricta terapia de adelgazamiento a exigirle que haga frente a una panoplia de necesidades sobrevenidas.

Se suele decir, no sin razón, que la historia es cíclica y que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Confiando en que, por una vez, esto no sea así, creo que si algo ha de traer esta crisis es la nula tolerancia hacia cualquier tipo de ataque al sistema sanitario público, la contestación abierta, contundente, feroz hacia cualquier intento de desmembramiento de un sistema sanitario público de calidad, universal y gratuito. El sistema sanitario y el sector público en su conjunto saldrán heridos por su sobreesfuerzo en esta batalla. Por eso se ha de compensar ese déficit y se ha de actuar bajo la juiciosa hipótesis de que este tipo de pandemias, que creíamos que no podían afectar a la vieja Europa ni al mundo desarrollado, podrán repetirse cada cierto tiempo en el futuro. La sociedad no toleraría que una nueva pandemia nos pillara desprevenidos.

Y no quiero caer en la necedad de centrar el debate de la gestión de una crisis sanitaria gigantesca en la altura a la que han de ondear las banderas o en si los medios de comunicación están presentando esta pandemia como una catarata de buenas noticias. Ahí ya no entro ni quiero entrar. En ese terreno de la farándula política hace tiempo que ya me he rendido ante lo obvio, ante lo miserablemente obvio.

El alcalde de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón, en un Pleno celebrado en el Ayuntamiento ponferradino.

El juez rechaza que el Ayuntamiento vulnerara derechos fundamentales al privar a la oposición de personal eventual

Ponferrada, 4 de marzo de 2020.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León ha sentenciado que el Ayuntamiento de Ponferrada no vulneró ningún derecho fundamental de los grupos políticos de la oposición municipal al no dotar a éstos de personal eventual, tras desestimar el recurso interpuesto por los grupos PP, Ciudadanos, USE y PRB contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal de Ponferrada, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2019, y relativo al punto sexto del orden del día, “Designación del número, denominación y retribuciones del personal eventual para el mandato 2019-2023”.

          Los recurrentes, que interpusieron recurso contencioso-administrativo, por el Procedimiento Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales, contra el mencionado acuerdo por considerar que vulneraba “los derechos fundamentales contemplados en los artículo 23 y 14 de la Constitución, relativos a la participación en los asuntos públicos y el acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad” han visto rechazada su pretensión por parte del órgano judicial, que sentencia que “la adscripción de un determinado personal a estos grupos, y más a cada uno de ellos, no parece determinar, ni condicionar, el ejercicio del contenido esencial del derecho, en cuanto que le impida la información; labores de control; participación, en comisiones y plenos; y votación” y, amparándose en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROF,precisa que “El precepto reglamentario no obliga a los Ayuntamientos a proporcionar a cada Grupo Político un secretario administrativo ni, por tanto, a pagar una subvención para el mantenimiento de este cargo”.

          La resolución hace especialmente hincapié en que el Ayuntamiento de Ponferrada no vulneró en ningún caso el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, al señalar que el acuerdo impugnado entra dentro de las competencias asignadas a la administración municipal por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su artículo 90 establece: “Corresponde a cada corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual”, y en ese sentido aclara que “El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato”.

          En la misma línea, el juez señala que el personal eventual que reclaman en su demanda los concejales de los grupos políticos de la oposición  municipal no es en modo alguno equiparable al personal eventual asignado a los grupos políticos que forman parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento, y que la igualdad que reclaman esos concejales es una igualdad “contra legem” (contra la ley) y que la asignación que se realiza a los grupos municipales integrados en el equipo de gobierno municipal “hay que entenderla en cuanto sus miembros forman parte del órgano de gobierno del Ayuntamiento”, algo que es plenamente conforme a la legislación aplicable al caso.

          La sentencia, en cualquier caso, es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, que se podrá interponer en el plazo de 15 días ante el mismo Juzgado sentenciador.